Solidaridad perversa

No cabe duda que la palabra “solidaridad” está de moda en el Ecuador. Muchas de las campañas actuales prometen nuevos sistemas específicamente solidarios, incluyentes y soberanos, y lo hacen en nombre de la voluntad popular. Pero son valores muy relativos y pueden tener diferentes significados. ¿Qué es exactamente lo que se propone? Soberanía y defensa de los recursos naturales: Suena como una excelente idea, pero lo único que quiere decir es que el Estado se reserva el derecho (porque tiene el poder para hacerlo) de ser el exclusivo explotador de los recursos naturales en todo el país. Obviamente esto se lo hace en nombre del pueblo, porque siendo el petróleo, por ejemplo, un producto tan rentable en el mercado internacional, el Estado Benefactor en teoría utiliza esas ganancias para ayudar a los más necesitados. El petróleo ya es por decreto constitucional pertenencia del Estado y Petroecuador es de las institución más corruptas de todo el país (vale recalcar que también consta de funcionarios honestos, pero lamentablemente parecen escasear). El Estado ecuatoriano es grande, corrupto e ineficiente, y necesita del las utilidades de los recursos naturales para su propia supervivencia. En papel es generador de riqueza e igualdad y en la práctica es un monopolio generador de privilegios, corrupción y burocratización. Si en la Asamblea Constituyente se opta por este camino, solamente pido recibir en la puerta de mi casa el cheque con mi parte de las utilidades todos los meses. Seamos coherentes: en nombre de la soberanía y defensa de los recursos naturales ante ambiciones privadas y capitalistas no se debería pasar la propiedad del petróleo a las manos de unos pocos funcionarios públicos. Economía social, justa y solidaria: Talvez el mayor enigma dentro de este cóctel solidario. Pretende cambiar la economía social de mercado por una que garantice mayores oportunidades para los más pobres. ¿Cómo hacerlo? Aún se desconoce la receta completa, no obstante muchos candidatos que defienden esta posición han hablado de fijación de precios, tasas, subida de aranceles, más impuestos a los ricos, utilización de la política monetaria (la maquina de imprimir billetes), y el aumento del gasto público para reactivar artificialmente la producción; la burbuja inflacionaria que tanto nos gusta a los latinoamericanos. Muy parecido a las políticas predicadas por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) hace cincuenta años y muy bien aplicadas por nosotros (ya hemos cosechado los resultados). Además me pregunto si a un pequeño productor o a una empresa le gustaría que el gobierno le ordene a vender sus productos a un determinado precio. Es sin duda fácil hablar cuando no están en juego las pertenencias y el negocio de uno, sino las del vecino (claro, muy solidario). ¿Y cómo estas políticas ayudarían a los más necesitados? Pese a que esta tendencia nunca ha ayudado a nadie más que a la expansión del Estado y su ineficiencia, los candidatos que proponen esto piensan que justamente ellos sí lo van a lograr. Más allá de eso y del caos político en Venezuela y Bolivia (que últimamente han optado por esta vía), se desconocen los detalles y resultados. No hay nada más perverso que forzar una supuesta fraternidad entre los ciudadanos de un país a través de la coerción de un Estado altamente burocratizado y corrupto. También debemos entender que a través de la retórica y los decretos “solidarios” no se erradica la pobreza. Para crear riqueza se necesita libertad económica para los ecuatorianos, y si a esta se la entorpece, no habrá ni un centavo para ayudar a los que realmente necesitan.

¿En nombre del bien común?

Es, sin duda, algo muy normal y frecuente escuchar a varias personas hablar del bien común. Talvez nos parezca que muchos de los males de nuestra sociedad justamente se deben a que no hemos sacrificado nuestros intereses personales por el bien del colectivo. No hace falta recordar que nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros medios de comunicación y los discursos de muchos de nuestros políticos están llenos de artículos, frases y lemas que hablan de lo importante que es el bien colectivo y de la necesidad de poner al bien del individuo a un lado. Sin embargo me pregunto, ¿quién decide cuál es el añorado bien común?

Algunas personas piensan que esto es simplemente lo que la mayoría de una sociedad piensa que es necesario; desvalorizando las necesidades que algunas minorías puedan tener. Otros creen que al hablar del “bien común” ya se debería sobrentender que esto es simplemente el bienestar de las grades masas que se puede adquirir a través del uso del Estado (educación pública, salud, seguridad, etc.), no obstante esto llega a ser bastante subjetivo; dependiendo de quien opine. La verdad es que cualquier causa social, política o económica se la puede vender al público como un bien necesario para el colectivo, y es así como se han cometido las peores atrocidades en la historia de la humanidad.

Fue en nombre del bien común es que Pinochet desapareció a miles de chilenos durante la década de los setentas. Asimismo Stalin asesinó a más de 30 millones de personas, y Fidel Castro, irónicamente en nombre del pueblo, es el mayor latifundista del mundo; dueño de toda una isla y sus habitantes. Fenómenos sociales de esta naturaleza ocurren cuando nos dejamos convencer por políticos demagogos que existe un bien colectivo superior por el cual es justificables violar los derechos fundamentales del individuo: a la vida, a la propiedad, y a la libertad.